SOS Discapacidad

La Comunidad valenciana, la peor de todas

09/05/2013

Blanca Abella

Asfixia, caída libre, franca bancarrota y situación caótica son algunas de las expresiones que definen la realidad que viven las personas con discapacidad en la Comunidad valenciana. Recortes, impagos y puesta en marcha de normas restrictivas y discriminatorias son las principales actuaciones que el Gobierno valenciano dedica a este sector en todos los ámbitos: sanidad, empleo y bienestar social. Son muchos problemas y siempre contra los mismos, por eso la discapacidad se manifiesta de nuevo en esta comunidad.

Todo comenzó hace tres o cuatro años, afirma con pesar Joan Planells, presidente del CERMI Comunidad valenciana (CERMI CV). “Esta comunidad está en franca bancarrota, y esto lo han dicho algunos responsables de la Generalitat, y quieren recortar donde sea y como sea, quieren recaudar como sea porque los números no les salen, pero tienen otros muchos más sitios donde recortar que no sea a las personas más débiles y más machacadas por la sociedad”, explica Planells.

“Sobre el año 2009 ya empezaron a congelarse una serie de programas, servicios y subvenciones para atención a personas con discapacidad que alertaron a nuestras organizaciones, pero posteriormente empezaron los recortes de entre el 5 y el 10% anuales”, explica Carlos Laguna, responsable del CERMI CV en Castellón.

En 2011 se agudizó el problema de las deudas o impagos por parte de la Consellería de Bienestar Social y fueron sumándose mes tras mes, hasta que se logró cobrar ya en enero del siguiente año. A pesar del trastorno que ocasiona una situación así entre las entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad, en ese mismo tiempo, en la Consellería de Empleo se llegó también a una difícil situación y se demoraron algunos pagos hasta febrero del siguiente año. Otros pagos quedaron pendientes, y siguen así. De hecho, algunos programas de Empleo de 2010, gestionados con fondos europeos, se han cobrado en la Semana Santa de este año, y sólo gracias a que la Unión Europea realizaba una auditoría en estas cuentas. ¡Bendita Unión Europea! Exclama Planells.

Pero las cosas aún empeoraron más, ya que la Consellería de Sanidad también dejó deudas en algunos programas para la discapacidad… en definitiva, todavía se deben pagos de 2011 y 2012, “hablamos de cantidades de dinero muy importantes”, asegura Joan Planells, quien termina de detallar las claves de la terrible situación en la Comunidad valenciana: “Todo esto lleva a una situación caótica, y si añadimos los recortes que han hecho este año, en primer lugar Bienestar Social ha hecho un recorte lineal a todas las entidades del 10%, de todo tipo de subvenciones, para muchos centros esto es una situación difícil, y por otra parte se añadió el problema de tener una orden de copago de las más duras de España y luego, si faltaba poco, el copago sanitario”.

“En nuestra comunidad se ha juntado todo, recortes, impagos, atrasos, elaboración de nuevas órdenes como la del fomento del empleo, la del copago, la supresión del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad…”, añade Carlos Laguna.

El problema no es uno, son muchos y  siempre contra los mismos. Así lo entiende el responsable del CERMI CV: “Mi queja siempre es que todo esto denota, por lo menos, una falta de política transversal entre todas las consellerías, porque cada una recorta por donde quiere sin tener en cuenta que las personas afectadas son las mismas; Sanidad recorta una parte, Bienestar Social pone otro copago al servicio y recorta a la entidad, luego aparece Empleo…”.

También en Empleo

Y es que aún se anuncian medidas realmente alarmantes, tal y como explica Joan Planells: “Este año en empleo nos dieron un borrador de orden que pensamos impugnarlo si se llega a publicar tal cual porque vulnera varias leyes estatales, en cuanto a que no respeta los apoyos, y es impensable un centro especial de empleo con personas con discapacidad intelectual, o con enfermedad mental o movilidad reducida, sin apoyos técnicos. Y todo esto se suprime en la orden, cuando en realidad hay una partida finalista del Gobierno central que es para cubrir eso”.

El panorama resulta desolador también para Carlos Laguna: “En empleo habíamos aguantado bien los primeros años de crisis, fundamentalmente gracias a la acción de los CEE, pero en estos momentos, con la asfixia por los impagos a los que se les está sometiendo por parte de la Administración, han bajado de manera notoria las contrataciones. Si a eso añadimos la desaparición de ayudas para el fomento del empleo, o de programas de formación ocupacional y planes integrales, el panorama es más bien desolador. Los CEE ven peligrar 5.000 puestos de trabajo imposibles de absorber por el mercado ordinario”.

“El empleo protegido en nuestra comunidad está en caída libre”, asegura Planells, “todas las entidades han reducido y estamos casi a un 55% de lo que éramos hace tres años, en 2009 eran más de 5.000, a finales del año pasado eran 3.907 empleados, y ahora sólo 3.500”.

Ataque directo al Artículo 16 del Estatuto de la Discapacidad

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013 que se aprobó a finales de  diciembre contiene otro duro revés para las personas con discapacidad, ya que deja sin efecto el párrafo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad que dice que la Generalitat Valenciana “garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible la prestación a los mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%”.

Esta decisión supuso un grave retroceso para muchas personas, añadido además a una situación que se complicaba por momentos: “Es un hachazo más a las magras economías familiares en las que convive una persona con discapacidad; todo el mundo sabe, al parecer menos muchos políticos, que vivir con discapacidad es mucho más caro que vivir sin ella; además supone añadir otro copago a otros que se están realizando por otros conceptos”, afirma Carlos Laguna.

Sin embargo, desde el Gobierno valenciano aseguran que una decisión de este tipo proviene de una imposición estatal. En el CERMI CV no están de acuerdo: “Ellos no han interpretado correctamente la ley y además, sanidad está transferida y por lo tanto ellos tienen potestad para hacer lo que han hecho y para hacer lo contrario”.

Joan Planells explica que, gracias a la colaboración de una universidad, van a entregar a la Consellería de Sanidad uno de estos días un estudio que rebate esta teoría de la imposición estatal. “No acabo de entender por qué se ha llegado a este decreto, y de esta forma extraña, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, derogando el estatuto de la Discapacidad, no entiendo por qué… porque el ahorro que hacen no llega ni al millón de euros, y crear una situación de discriminación de personas con discapacidad, que de alguna forma contraviene también la declaración de los derechos de la ONU, el principio de igualdad ante la ley, que también existe en la ley española… no había un motivo serio ni económico que justifique esta medida, creo que ha sido algo que no se ha valorado seriamente y quizás les cueste rectificar, pero lo que está mal, está mal”.

Para Carlos Laguna tampoco resulta fácil de comprender esta situación: “Es curioso como algunas autonomías son dependientes del Gobierno Central cuando les interesa, menospreciando el autogobierno; le hemos pedido al actual conseller de Sanidad, Manuel Llombart, desde distintos colectivos, que se revierta la situación pero no ha sido así todavía”.

Manifestaciones

Aunque ya se han protagonizado unas cuantas manifestaciones o protestas por las calles de diversas ciudades de la comunidad, la situación es tan complicada que el sector no ceja en su empeño de reclamar. “Son numerosas las entidades que han tenido que echar el cierre o sufrir drásticas reducciones de plantilla, o EREs, como consecuencia de los impagos; las entidades sabemos que nos tenemos que adecuar a la actual situación, en incluso refocalizar nuestra actividad, pero la Administración tiene que saber que somos un sector absolutamente necesario y que estamos ahí donde ella no puede llegar”, afirma Carlos Laguna. “Hemos pasado de estar permanentemente en la agenda de todos los gobiernos a ser el patito feo de la Administración”.

Los años 2011 y 2012 han sido los peores, sin embargo las expectativas para este 2013 no son buenas, según lo que ya viene ocurriendo en estos meses del año. De hecho, la Comunidad valenciana sigue clamando contra esta situación y este viernes 10 de mayo saldrán a la calle, seguramente, miles de personas con discapacidad y sus allegados. La convocatoria proviene de la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia pero está respaldada por el CERMI CV, que transmite a todas las entidades la siguiente justificación:

“Por una parte está el recorte lineal del 10 % que se ha hecho en todas las subvenciones de Bienestar Social y que va a suponer un problema grave para muchos de los centros y servicios, en segundo lugar está el borrador de Orden que ha preparado el SERVEF para el empleo, que endurece más las condiciones de funcionamiento de los centros especiales de empleo, al suprimir los apoyos necesarios para el funcionamiento de los mismo, y que no respeta las partidas finalistas otorgadas por el gobierno central. En este año se han perdido 400 puestos de trabajo más y la cifra ronda los 3.500 empleos, frente a los más de 5.000 que teníamos hace escasamente dos años y medio. En tercer lugar, el enorme copago establecido para las personas en situación de dependencia y centros y servicios. En cuarto lugar, las 14.000 personas en situación de dependencia que esperan desde hace tiempo que se habiliten los créditos necesarios para que se firmen sus resoluciones. En quinto lugar, las personas que están siendo afectadas con el copago farmacéutico y la dificultad en adquirir elementos ortoprotésicos y ayudas técnicas, todo un conjunto de cosas que hacen cada vez más imposible la vida de las personas con discapacidad y la gestión de sus propias entidades, y a todo esto hay que añadir los graves retrasos en pago de las subvenciones”.

Y mientras, las entidades soportan como pueden el peso de tantos agravios y deudas o impagos, y afrontan el deber de atender a unas personas con derechos y servicios cada vez más precarios, con muchas voluntad a veces, más voluntad que recursos, como explica Carlos Laguna: “Estamos aguantando el tipo lo mejor posible. Con la situación de impagos que hemos atravesado, hay que agradecer a los trabajadores de centros y otros servicios el que, a pesar de haber estado sin cobrar bastantes meses, hayan demostrado su profesionalidad y vocación atendiendo los servicios como en una situación de normalidad”.